Las empresas en España se podían deducir los intereses sin ningún límite hasta 2012, lo que suponía una invitación a acometer inversiones con financiación ajena. El actual Gobierno limitó la posibilidad de deducir los intereses en 2012, una medida que llegó cuando ya las empresas estaban abocadas a un obligado proceso de desapalancamiento y el mercado de crédito estaba cerrado.