La entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR en inglés) obliga a cualquier empresa a revisar e implementar nuevos sistemas de gestión informática para garantizar a los usuarios la seguridad de sus datos en la red. En caso producirse una fuga de datos, las sanciones previstas son las equivalentes al 4% de la facturación de las compañías, hasta 20 millones de euros. Por tanto, cualquier robo de información debe notificarse a la agencia de protección de datos en un máximo de 72 horas.