La Conselleria de Justícia abrirá oficinas para promover la Ley de la Segunda Oportunidad

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La Conselleria de Justícia tiene previsto crear una institución concursal de acompañamiento que ayude a las personas insolventes que quieran acogerse a la ley de la Segunda Oportunidad para liquidar sus bienes y empezar de nuevo.

La medida de Justícia, que lleva casi un año trabajando en este asunto con un grupo de expertos –jueces, abogados y economistas–, forma parte de una serie de iniciativas para que una ley relativamente nueva pero infrautilizada hasta el momento se convierta en una herramienta útil y al alcance de quien la necesite.

Las oficinas, que aún no está claro si se integrarán en las diferentes comisiones de vivienda y asistencia para situaciones de emergencia social creadas el año pasado, tendrán personal especializado y acompañarán en todo el procedimiento a las personas que vayan a presentar concurso de acreedores. Esto comprende desde el análisis previo de la situación de cada persona –patrimonio y deudas– y la unidad familiar hasta la determinación de las causas de la insolvencia, la comprobación de la ausencia de antecedentes penales y de todos los actos relacionados con los acreedores.

Si se comprueba que el solicitante de acompañamiento cumple los requisitos legales y ha actuado de buena fe, se le darán todas las facilidades para presentar la documentación, suspender pagos, tratar de llegar a un acuerdo con los acreedores y proceder a la liquidación de los bienes y la solicitud del perdón de las deudas pendientes –como establece la ley– en caso de que no haya acuerdo con los acreedores.

“Creemos que, con esta ayuda, muchísimas más personas en situación desesperada hoy en día puedan salir adelante”, asegura Carles Mundó, conseller de Justícia. Con poco más de dos años de vigencia, la ley española de la Segunda Oportunidad es desconocida y, pese a las enormes ventajas que tiene su aplicación en determinados supuestos, casi nadie se acoge a ella. En el 2016 y la primera mitad del 2017, apenas se registraron diez concursos de acreedores de personas físicas en la ciudad de Barcelona, según fuentes judiciales.

¿Por qué tan pocos? “La ley no la conoce nadie, ni siquiera en ámbitos jurídicos, ni entre una gran mayoría de los abogados”, añade Mundó. “Esto tenemos que cambiarlo, y hay que ayudar a quienes lo han perdido todo que, ya puestos, pierdan también las deudas”, enfatiza el conseller. El itinerario para lograr el llamado “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho” –en román paladino, el perdón de las deudas pendientes tras la liquidación– es complejo, largo y hasta costoso. Y echa para atrás a muchos.

Por eso, Justícia planea que, junto con la acogida a los sufridos endeudados, haya una dotación presupuestaria para pagar a los mediadores a los que la ley de la Segunda Oportunidad encarga la primera parte de la gestión de estos procesos. “Aunque supone un coste, pagar a los mediadores es necesario para eliminar una barrera de entrada ahora infranqueable. Además, seguro que es rentable, porque un tema bien llevado siempre cuesta menos que otros que no lo son”, concluye Mundó. La puesta en marcha de las oficinas de acompañamiento y del servicio de mediadores aún se demorará unos meses. Pero no mucho. El conseller asegura que en el Govern tienen claro que se trata de algo imprescindible y de justicia social y calcula que todo estará operativo en el primer trimestre del 2018.

Fuente: La Vanguardia

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