El uso la factura electrónica podría reducir la morosidad

Factura electrónica

La impuntualidad en los pagos se ha convertido en un indicador de referencia para saber qué está sucediendo en la economía. La crisis económica elevó la morosidad hasta niveles inéditos, especialmente en el sector público. Para atajar la lacra del retraso en los pagos, el Gobierno estableció a partir de enero de 2015 el derecho de cualquier proveedor con la Administración Pública a presentar facturas electrónicas. De hecho, esta vía es obligatoria en el caso de recibos superiores a 5.000 euros. Las ventajas de su implantación en el sector público han aumentado las voces que reclaman que se aplique un sistema similar en el sector privado.

La presentación de facturas se articula sobre todo a través de FACe, o Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado. Ello permite al proveedor de bienes y servicios presentar su factura y seguir su proceso de tramitación, lo que incrementa la transparencia. Fuentes de Hacienda aseguran, además, que ahora ya no es posible esconder facturas en los cajones.

Al portal FACe de la Administración del Estado, se han sumado todas las comunidades autónomas, con la única excepción del País Vasco, que mantiene su propio punto de entrada de facturas. Es por ello por lo que las facturas electrónicas presentadas a la administración vasca no están contabilizadas en FACe como las demás. También se han adherido al sistema 7.902 entidades locales, cuyo número sigue aumentando.

Aun así, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) considera que todavía hay mucho camino por recorrer. “Es importante recordar a los empresarios que acogerse a esta opción es un derecho, no una obligación. La recomendación de la PMcM es 100% factura electrónica” señala el presidente de la organización, Antoni Cañete. En su opinión, el sistema de facturación electrónica y sobre todo su registro contable debería fomentarse también en el sector privado, ya que reduciría la morosidad. Aunque señala que, para que ello tuviera éxito, se deberían aplicar de forma “severa” los períodos de pago que contempla la normativa.

Cañete recomienda poner en marcha una suerte de prueba piloto. Así, “en una primera fase, las empresas del Ibex 35 estarían obligadas a recibir las facturas en formato electrónico a través de FACe y, seguidamente, lo harían el resto de las compañías”. Además, sugiere poner en marcha el Observatorio de la Morosidad, con funciones de control y análisis que faciliten la reducción de los tiempos de demora.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, actualizadas a 30 de junio de este año, el cambio de funcionamiento en el sector público ya está obteniendo resultados positivos, con 9.750.595 facturas presentadas desde enero de 2015 a través de FACe a las Administraciones Públicas.

Según los cálculos del Gobierno, el ahorro por cada factura digital es de 3,48 euros, de los cuales 2,78 euros corresponden a la administración receptora y los restantes 70 céntimos al emisor.
De las facturas presentadas, un 47,81% corresponde a la Administración local, y un 40,05% a la Administración autonómica, mientras que el resto fueron recibidas por la Administración General del Estado y las Universidades.

El importe total de esos recibos asciende a un total de 49.567 millones de euros, de cuya cantidad el 39% se presentó a nivel autonómico, el 33,8% a entidades locales y el 24,8% a la Administración General del Estado.

De las 3.905.511 facturas electrónicas presentadas a las 16 comunidades autónomas adheridas –exceptuando el País Vasco–, además de a las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), un tercio fueron remitidas en Madrid, seguida de Andalucía y Murcia. Además, a las casi 8.000 entidades locales que se han convertido al formato electrónico, los distribuidores han presentado 4.661.729 facturas electrónicas. Este sistema de facturación digital está permitiendo al Gobierno seguir de cerca los plazos de pago de cada Administración Pública, además de tomar medidas para reducir la morosidad.

La Ley de Estabilidad aprobada en 2012 contempla la posibilidad de aplicar medidas correctoras y correctivas contra las administraciones que incumplan los períodos de pago. Así sucedió el pasado abril, cuando el Ministerio de Hacienda ordenó que se retuvieran fondos del sistema de financiación a Aragón y Extremadura.

Esta medida se debe a que estas dos comunidades llevaban más de un año registrando períodos medios de pago superiores a los 60 días, duplicando así el límite que contempla la legislación, de 30 días. El Gobierno también lanzó advertencias a Baleares, Cataluña y Madrid. El pasado 13 de junio amonestó a la Comunidad Valenciana, otras de las regiones que abona con más retraso su deuda comercial.

Fuente: Cinco Días

One Response to El uso la factura electrónica podría reducir la morosidad

  1. Las facturas electrónicas nos van a poder acotar mucho tramite, así estaremos mejor posicionados para llevar el control de nuestras cuentas sin perdida de tiempo en el trámite.

    Con las acreditaciones del documento electrónico, hoy todo se hace mas transparente y rápido.

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